CON DINERO DE TRABAJADORES PERUANOS SE ATENTA CONTRA SUS PUESTOS DE TRABAJO.

En un hecho insólito el Estado hace un “salto de garrocha” a la Ley de Contrataciones del Estado a través del Decreto Legislativo Nro. 1444, dictado por este Gobierno en setiembre pasado, en cuyas disposiciones complementarias de su artículo 3 (Vigésima), y Cuarta Disposición Complementaria Final, autorizan el uso de dinero de trabajadores y de los impuestos de empresas instaladas en nuestro país, para que entidades como EsSalud y CENARES-MINSA, compren a empresas extranjeras no domiciliadas en Perú, so pretexto de obtener mayores “ventajas” en la transacción, dejando fuera las ofertas de todas las empresas nacionales o extranjeras domiciliadas en el Perú.
“Es lamentable tener que acudir hasta las últimas consecuencias para defender el principio de trato igualitario y transparencia a estas alturas de la economía. Lo consideramos depredatorio e inconstitucional”, manifestó José Enrique Silva, Presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (ADIFAN).

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